Descripción
En los últimos años, merced a sonados casos de corrupción política y a las inagotables discusiones sobre las valoraciones personales de lo injusto, ha vuelto a estar en boga la discusión sobre la denominada acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, también llamada por algunos -con resistencia de otros- nulidad de la cosa juzgada írrita. La polémica en torno a esta figura procesal está íntimamente ligada a otra discusión que parece de nunca acabar: el debate sobre los efectos y alcance de la cosa juzgada. Dado que se ha sostenido que el objeto de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta no implica la revaloración de la prueba colectada en el proceso primigenio, ella se limita únicamente a determinar si el proceso cuestionado se ha seguido con fraude o colusión que signifique afectación al debido proceso.
Pero la pretensión de reabrir discusiones pasadas en base a una alegación de
«fraude procesal», o si se quiere, de «relativizar» la cosa juzgada sobre esa base, no está a menudo regulada por la ley procesal, y cuando los jueces pretenden «crear» el derecho inexistente habilitando mecanismos no regulados por la ley, aparecen los muy diversos problemas. Más aún, en los últimos años, la aparición de prueba posterior al proceso en ciertos casos de corrupción que acabaron sin condena y el escándalo mediático y social provocado por tales circunstancias, ha llevado a algunos apasionados justicieros a sostener que la nulidad de la cosa juzgada debe operar en tales supuestos, con lo cual la posibilidad de reabrir procesos ya cerrados pondría nuevamente en jaque -ahora en estos nuevos casos- la institución de la cosa juzgada. Este libro explora con notable contenido crítico algunos de estos problemas.
