COMENTARIOS AL CODIGO DE EJECUCION PENAL PARA

¿Por qué debe invertirse en programas de reintegración social de delincuentes?
¿Qué normas resultan aplicables en el ámbito penitenciario, la ejecución de sanciones en libertad y cuáles son los factores de riesgo que deben ser administrados por los operadores judiciales?
El proceso penal no culmina con el pronunciamiento de una pena sino que se extiende durante la ejecución de la misma. La creación de las jurisdicciones de ejecución penal en diversos países permite que el Poder Judicial se ocupe de controlar la forma en que los condenados por los jueces y tribunales cumplen sus condenas.
Muchas personas consideran que las condiciones de reclusión deben ser tan malas para evitar que las personas condenadas vuelvan a reincidir. Sin embargo, muchas experiencias criminológicas muestran lo contrario. Además, el derecho internacional considera la rehabilitación de los delincuentes y su reintegración exitosa dentro de la comunidad como un objetivo básico del proceso penal.
Las penas y medidas pueden ejecutarse en un medio cerrado tradicional pero también y sobre todo en el caso de jóvenes delincuentes y personas no reincidentes en hechos punibles que no revisten especial gravedad, en medio abierto. Ante tantas modificaciones del sistema, resulta necesario actualizar conocimientos en la materia y considerar que, para lograr la protección de la sociedad, invertir en programas de reinserción no es irracional sino una necesidad. En la mayoría de los sistemas penales, la privación de libertad no es sino temporal y no puede garantizarse que los esfuerzos desplegados sean útiles para evitar la reincidencia. Por lo que puede reflexionarse que las personas que salen de la prisión deben ver satisfechas sus necesidades básicas para evitar que vuelvan a ingresar.
El Código de Ejecución Penal (Ley 5162/2014) constituye la última fase de la reforma del sistema penal iniciado con el código penal (Ley 1160/1997) y el código procesal penal (Ley 1286/1998). Las leyes 5863/2017 y 6345/2019 establecieron los dispositivos electrónicos de control. El gran desafío de la ley 7270/2024 será su implementación y con ello disminuir el abuso de la prisión preventiva.